Por Juan Manuel Badillo
Presunto culpable ya no es solamente una película, “es un movimiento ciudadano que exige un mejor sistema de justicia para nuestro país”, señaló en rueda de prensa el director de Cinépolis, Alejandro Ramírez, responsable de la distribución y exhibición del filme.
A partir de que una jueza federal mexicana emitió el pasado miércoles una orden judicial para detener temporalmente la proyección pública del documental, la película se ha convertido en el motivo de un debate público y masivo sobre la justicia y la libertad de expresión en el país.
En esta guerra de declaraciones y de poderes, se encuentra el Consejo de la Judicatura Federal, y del otro la Secretaría de Gobernación, y en medio una sociedad civil que expresa su desamparo frente a la ley y las instituciones.
Presunto culpable, del abogado Roberto Hernández y el australiano Geoffrey Smith, denuncia los vicios y la inoperancia del sistema judicial mexicano, a través del caso de Antonio Zúñiga, condenado a 20 años de prisión por un caso que, se demostraría más tarde, no cometió.
El documental se estrenó el pasado 18 de febrero con 130 copias en todo el país y hasta el miércoles pasado, el día que fue emitida la orden judicial había sido vista por 480 000 espectadores y recaudado 22 millones de pesos, cifras récord para una película de este género y tema.
El pasado miércoles a Jueza 12 de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, Blanca Lobo Domínguez, giró una orden para detener “temporalmente” la proyección en cines de la película.
La orden de la jueza fue en respuesta a una demanda interpuesta por Víctor Manuel Reyes Bravo, único testigo de cargo en el caso de Zúñiga Rodríguez.
“La suspensión provisional no termina el asunto. La película no ha sido censurada. La decisión judicial está encaminada a proteger los derechos fundamentales del quejoso”, indicó la Judicatura Federal en un comunicado.
Los exhibidores, mientras tanto, indicaron que mientras ellos no reciban una orden judicial la película se quedará en los cines.
La empresa exhibidora informó que de ser necesario responderá legalmente a la orden judicial que busca suspender temporalmente el documental.
Mientras tanto la Secretaría de Gobernación consideró inválida la orden judicial contra Presunto culpable dijo el director de normatividad de medios de la dependencia, Héctor Villarreal.
El funcionario federal informo también que la orden del presidente de México, Felipe Calderón, es la de “defender la libertad de expresión”.
La esposa del presidente y primera dama del país, Margarita Zavala, quien vio la película en dos ocasiones, lamentó en su cuenta de Twitter el caso de “Presunto culpable” y pidió que se “se resuelva pronto”
Diputados y senadores del país iniciaron sesiones este jueves aprobando por unanimidad un punto de acuerdo donde se manifiestan en contra de lo que consideran un “acto de censura”.
“Yo espero que esa resolución judicial pueda revocarse lo más pronto posible”, declaró el senador por el PAN, Santiago Creel.
El jefe de gobierno de la ciudad de México Marcelo Ebrard anunció incluso que su equipo trabajará para impugnar por la resolución judicial contra Presunto culpable.
La Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, Estados Unidos, fijó también su postura respecto al caso, y consideró que el Poder Ejecutivo debe hacer valer todos los instrumentos para garantizar la libertad de expresión.
“La medida judicial debe ser revisada a la luz del derecho a la libertad de expresión. Es muy importante que el Poder Ejecutivo utilice todos los instrumentos legales a su alcance para lograrlo”, indicó al periódico Reforma, Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión del organismo en Washington.
El mismo día de la orden judicial contra Presunto culpable, en redes sociales inició una campaña masiva para subir y poder ver la película de Hernández y Smith en sitios y blogs de forma gratuita.
badillo685@hotmail.com
EN LA FOTO DEL INICIO: Alejandro Ramírez.
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