Redacción. Cuando en 2015 El Universal reveló que Pemex había gastado 564 millones de pesos en 18 películas con figuras como Andrés García, Sergio Mayer, Susana González y Erick del Castillio, muchos lo tomaron como una anécdota más del despilfarro paraestatal de la era del ex presidente Enrique Peña Nieto. La reciente recuperación de esta información por El Financiero y otros medios obliga a una reflexión: 31 millones de pesos por 18 producciones fillmicas de una hora de duración cada una.
Esa cifra, ajustada por inflación, es lo que hoy cuesta un largometraje mexicano estándar, de esos que compiten en festivales o aspiran al Ariel. Pemex pagó, entre 2009 y 2013, lo que cualquier productora independiente destinaría hoy para filmar una película “de verdad”. Solo que la paraestatal lo invirtió en telenovelas institucionales de una hora, con guiones para “concientizar” sobre temas de seguridad laboral o de ecología.
Detrás de estas producciones estuvo Cinetransformer S.A. de C.V. , empresa especializada en capacitación mediante entretenimiento que opera en México, y otros países. Según el Portal de Obligaciones de Transparencia, recibió tres contratos por adjudicación directa de Pemex Exploración y Producción entre 2009 y 2013.
Los créditos de las películas revelan nombres con abolengo cinematográfico: Julio Fernández fungió como productor; René Cardona III —heredero de una dinastía del cine mexicano— dirigió algunas entregas, como “Desafío ambiental”, mientras que Isaías Gómez May estuvo a cargo de otras
Cuando el escándalo estalló en San Lázaro, el PRI salió en defensa. En otra nota de El Universal, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza calificó los 558 millones como “inversión”, no gasto. Argumentó que prevenir accidentes puede costar más. Lo curioso es que, bajo esa lógica, cualquier dispendio se justifica si se alega un beneficio abstracto. Y aunque Pemex reportó caída en accidentes, la pregunta sigue: ¿era necesario gastar 31 millones por cada cortometraje?
A los nombres conocidos se sumaron Fernando Carrillo, Carlos Bonavides y Arlette Pacheco. Todos prestaron su imagen a producciones cuyo fin era aleccionar trabajadores.
El actor convertido en político Sergio Mayer sintetiza la ironía. Tras cobrar por aquellas películas, Mayer llegó a diputado por Morena en 2018 y fue designado presidente de la Comisión de Cultura. El mismo actor de filmes de capacitación quedó a cargo de legislar sobre el cine mexicano. En 2024 regresó al Congreso por la vía plurinominal, pero en febrero de 2026 solicitó licencia para incorporarse a “La Casa de los Famosos”. Morena le suspendió derechos partidarios por priorizar intereses personales.
Sin consecuencias
A pesar del escándalo de 2015, las consecuencias legales han sido nulas. Nadie fue sancionado. El dinero se gastó, los actores cobraron y el tema se desvaneció.
Hoy, cualquier curioso puede constatar en YouTube el resultado: desde “Subsistema de Administración de la Seguridad” hasta “Tu Salud No es un Juego”. Productos funcionales, pero vestidos con un presupuesto que habría financiado varias películas independientes.
El contraste es brutal: mientras el cine de autor sobrevivía con presupuestos exiguos, Pemex pagaba a precio de oro lo que la industria real produce con mucho menos. La justificación del sentido dídáctico no resiste análisis: ¿el trabajador no habría reaccionado igual ante un video bien hecho sin erogar 31 millones?
La próxima vez que alguien se pregunte por qué Pemex ha estado al borde de la quiebra, recuerde que gastó lo que cuesta un largometraje de calidad en filmar a Sergio Mayer dando consejos de seguridad. Lo pagó sin sonrojarse, encontró defensores en el Congreso que lo calificaron de “inversión” en El Universal, y años después, uno de sus protagonistas presidió la Comisión de Cultura para luego renunciar por un reality. Cero consecuencias.