EscribiendoCine.com-CorreCamara.com
Buenos Aires. Este lunes tuvo lugar una movilización de la comunidad cinematográfica de Argentina frente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de este país sudamericano, como parte del movimiento en rechazo a la embestida gubernamental en su contra que se dio tras la brusca devinculación de Alejandro Cacetta, a la cabeza del organismo, y la renuncia de Pablo Rovito, rector de la ENERC–escuela dependiente del mismo. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) se encuentra envuelto en una polémica desde que el miércoles pasado el Ministro de Cultura Pablo Avelluto le pidió la renuncia a su titular, Alejandro Cacetta, luego de una operación mediática comandada por los desinformados Alejandro Fantino y Eduardo Feimann. Pero, ¿cuáles son las verdaderas razones del conflicto?. Algunas pautas para entender que se esconde detrás un organismo que maneja “una caja” millonaria y que el gobierno se quiere quedar.
El INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) es un ente público, autárquico, que depende del Ministerio de Cultura, encargado de promover y regular la producción audiovisual en territorio argentino y el cine argentino en el exterior. Administra el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), que otorga créditos y subsidios a las películas argentinas y también aporta fondos para la realización de festivales y muestras de cine.
El FFC que administra el INCAA provienen en parte del 10% del valor de la entrada que paga el espectador para ir al cine, y otra parte mayoritaria deviene del Canon que pagan las empresas concesionarias de radios, canales de televisión abierta y cable, para poder utilizar las señales que son de nuestra nación y gracias a las cuales esas empresas obtienen su lucro comercial.. Estos fondos están conformados por aportes fijos establecidos en porcentajes según la Ley de Cine 17.741, sancionada en 1968 y reformada en 1994 por el Congreso de la Nación, con la incorporación del aporte económico de la televisión.
El conflicto comenzó el pasado miércoles cuando el ministro de Cultura Pablo Avelluto pidió la renuncia de Alejandro Cacetta “debido a la necesidad de acelerar y profundizar los procesos de mejora administrativa en el INCAA”. Cacetta había asumido tras la renuncia de Lucrecia Cardoso con amplio apoyo de la industria.
La medida se tomó luego de que la noche anterior se emitiera un informe de Eduardo Feimann plagado de imprecisiones en el programa Animales sueltos que conduce Alejandro Fantino por América TV sobre sospechas de corrupción e irregularidades en el INCAA, por lo que muchos representantes del sector cinematográfico hablaron de “operación mediática” .
Este sábado, Avelluto señaló que “a partir del lunes” va a haber modificaciones “en el plantel de gerentes” del INCAA. Y también se habla de despidos entre el personal de planta.
Entre las supuestas irregularidades detectadas habría erogaciones para la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) por obras que según el Gobierno no se habrían realizado. También se cuestiona el alquiler por 600.000 pesos argentinos (40.000 dólares) del inmueble donde funcionó el laboratorio cinematográfico Cinecolor. Allí se inauguró recientemente la anhelada CINAIN, destinada a preservar el patrimonio audiovisual argentino. La compra de aires acondicionados y dos sillas.
Los sectores críticos sospechan que detrás de las denuncias está la intención de intervenir el INCAA, eliminar el impuesto del 10 por ciento que financia el fondo FFC y administrarlo desde fuera, acabando con la autarquía del INCAA.
También se asegura que una nueva ley llamada de Convergencia, promovida por el Poder Ejecutivo, que dejó sin efecto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual haciendo uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia – DNU – cuya presentación al Congreso ha sido aplazada para después de las elecciones, cambie el status de los canales de cable a compañías de telecomunicaciones, con lo cual ya no deberán cumplir con el pago del Canon establecido por la ley.
Además, según la reformulación del Sistema Tributario Argentino propuesto por la consultora económica FIEL que obra en poder del Gobierno Nacional a su pedido, como consta en el Boletín Oficial, estas corporaciones podrían ser eximidas de este tributo igual que ya lo han sido otras de rubros mineros y agrícolas.
Por su parte, Pablo Avelluto rechazó estas versiones. El Gobierno no viene “en absoluto a reducir o a achicar el apoyo del Estado” al cine nacional, afirmó.