CINE MEXICANO S.A.
Por Juan Manuel Badillo
El director de Presunto culpable, Roberto Hernández, dijo que la orden de una jueza federal para prohibir la exhibición en cines de su película, es un acto de censura por parte del mismo sistema judicial que denuncian.
“Nos parece absurdo el intento de querer frenar la exhibición de la película” dijo el abogado y cineasta.
Hernández hizo tamben un llamado para que la gente acuda a ver su documental como “un acto de desobediencia civil”.
“Espero que la gente vaya al cine pensando en que esto es un acto de desobediencia civil”, indicó.
Por lo pronto y en el momento mismo que se emitió la orden de prohibir la exhibición de la película, usuarios en la red han iniciado una campaña masiva para subir un campaña para difundir y ver la película Presunto culpable de forma gratuita en sitios y blogs.
Los antecedentes
Este miércoles una juez federal ordenó que se retire de los cines la película documental Presunto culpable, del abogado Roberto Hernández y el cineasta estadounidense Geoffrey Smith, sobre la corrupción del sistema judicial en México.
La orden girada por la Juez Décimo Segunda de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, Blanca Lobo Domínguez, anula “temporalmente” la autorización para exhibir la película a partir de este jueves y hasta el 11 de marzo próximo, cuando se dictaminará si el documental sale definitivamente de las pantallas.
Presunto culpable se estrenó el pasado 18 de febrero en 130 salas de todo el país y narra el caso de José Antonio Zúñiga Rodríguez, joven que fue acusado de asesinato, sentenciado a 20 años de prisión y posteriormente absuelto por falta de pruebas.
La resolución judicial fue emitida en respuesta a una demanda interpuesta por Víctor Manuel Reyes Bravo, uno de los testigos en el caso de Zúñiga Rodríguez.
Conflicto de poderes
Es la primera vez que una película detona un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial.
El gobierno de México, a través de un comunicado, informa que acatará la resolución de la jueza pero al mismo tiempo impugnará el veredicto.
“En estricto cumplimiento a esta resolución, la Secretaría de Gobernación acatará en el momento procesal oportuno y ejercerá su derecho a acudir a las vías de impugnación que prevé la ley”, dice el escrito girado a los medios de comunicación.
Los exhibidores de la película, la cadena de cines Cinépolis, la más grande en México y una de las cinco más importantes a nivel internacional, no ha fijado oficialmente su postura al respecto.
La película de Hernández y Smith ha sido premiada en más de 12 festivales internacionales, entre ellos al Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Morelia.
El documental va por su segunda semana de exhibición en el país y ha sido vista por más de 400 mil mexicanos.
En Estados Unidos la película se estrenó el año pasado con una versión corta para televisión, y los productores están en negociaciones para ser estrenada en Francia, país que reclama la liberación de una ciudadana francesa, Florence Cassez, acusada y sentenciada en México por secuestro.
Reacciones
El gobierno de Michoacán, en el centro del país, y uno de los más violentados por el crimen organizado, adquirió cinco copias del documental para ser exhibidas exclusivamente a magistrados y juristas con el propósito de promover las reformas del sistema judicial estatal.
“Creo que es un esfuerzo muy interesante para presentar parte del drama que se vive en muchos momentos en los procesos judiciales, sobre todo cuando el involucrado es un pobre”, dijo a la prensa el abogado y político, Diego Fernández de Ceballos, víctima de secuestrado y liberado recientemente.
“Me parece uno de los documentales más poderosos que se han hecho en el país, no solamente por la fuerza de lo que narra, sino de la capacidad que tiene para mover a la gente y que hagamos algo para cambiar”, opinó la periodista Denice Maerker
“La película te deja un retrato de lo que es el sistema judicial actual, un sistema realmente antiguo, napoleónico, viejo, inservible, que ya no le sirve a la ciudadanía”, indicó el empresario y activista social Alejandro Martí.
Más antecedentes
El más reciente caso de intento de censura de una película en México data de 1999, cuando La Ley de Herodes, de Luis Estrada, fue omitida del desaparecido Festival de Cine de Acapulco, por órdenes de entonces presidente ministro de cultura, Rafael Tovar y de Teresa.
También está el caso de El crimen del padre Amaro de Carlos Carrera, sobre un cura que seduce y embaraza a una jovencita, y que en 1992 fue criticada por la organización ultra conservadora Provida. Las protestas del entonces director de Provida, Antonio Serrano Limón la contra la película que interpreta Gael García Bernal sólo sirvieron para que se colocara como la más vista en la historia del cine mexicano.
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