Por Sandra Lara
Las
recientes expresiones en contra de la filmación de la novela de Gabriel García
Márquez “Memoria de mis putas tristes”
no se han hecho esperar. Lo que en otro momento sería para el Premio Nobel un
grato acontecimiento, es decir, llevar a la pantalla grande una de sus obras,
ahora ha sido ensombrecido por la demanda que ha llevado a grupos de activistas
que luchan contra la explotación sexual a detener el proyecto.
La novela
narra la historia un anciano periodista que en su cumpleaños número noventa
decide regalarse una noche de placer con una adolescente virgen de 14 años y de
quien se enamora por primera vez en su vida.
Esta
historia, en otras circunstancias, podría ser llevada al cine sin ningún
problema. Sin embargo, el centro del debate surge al conocer una de las fuentes
de financiamiento: el gobierno del estado de Puebla, en México, que ha sido relacionado por proteger
a un empresario implicado en un sonado caso de pederastia.
Este lunes 5 de octubre,
la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y
el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) interpuso una denuncia ante la
PGR contra quienes resulten responsables de “hechos que pueden ser
constitutivos del delito de apología de la prostitución infantil y la
corrupción de menores”.
Asimismo,
el gobierno de Puebla emitió el martes un escueto comunicado donde expresa: “la
producción solicitó a las autoridades de Puebla respaldar financieramente el
largometraje, lo que fue sometido a consideración y descartado totalmente”.
Quizá el
error resida en uno de los ingredientes que utilizó el equipo del escritor para
realizar su película, pero por el otro lado de la moneda está la libertad de
expresión del autor colombiano.
Si tomamos
como referencia el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”,
entonces habría que preguntarse qué es más peligroso ¿permitir una filmación o
limitar las libertades del otro?.
El
contexto histórico-social es quizá el que está determinando censurar una libre
expresión, situación paradójica al pensar en tantas y tantas obras que han
tratado este tema y que siguen ahí sin que a nadie moleste.