Por Davo Valdés de la Campa
Las fosas de Tetelcingo: breve cronología [1]
El 28 de marzo de 2014 en Morelos se reportó la “sepultura de 150 cuerpos en el panteón de Tetelcingo”. El 9 de diciembre de ese mismo año, la Fiscalía del estado de Morelos abrió las fosas para entregar el cuerpo de Oliver Wenceslao, que la familia había reclamado con anterioridad y que la Fiscalía no había entregado y en cambio habían inhumado de manera clandestina. A partir de ese momento, la familia de Oliver Wenceslao hizo públicos estos hechos e inició una lucha de 11 meses para que los demás cuerpos encontrados en dicha fosa fueran exhumados, identificados y entregados a sus familiares. En mayo de 2015, la misma familia informó mediante oficio al gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, la existencia de estas fosas clandestinas y de la inhumación ilegal de los cuerpos. El mandatario minimizó los hechos y aseguró que todo cumplía con la legalidad.
El 20 noviembre de 2015, familiares de víctimas y organizaciones de diversas partes del país, solicitaron una reunión con las autoridades estatales, a través del Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a la que asistieron el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, el fiscal general del estado, Javier Pérez Durón y el director de Derechos Humanos del gobierno del estado, Ariel Homero López Rivera, para exigir la exhumación e identificación de los cuerpos ubicados en las fosas de Tetelcingo. Posteriormente, el fiscal en funciones, Javier Pérez Durón, en una comparecencia ante el Congreso de Morelos, ocurrida el 26 de noviembre de 2015, declaró que se encontraban 116 cuerpos en dos fosas ubicadas en Tetelcingo, 107 con carpetas de investigación y los 11 restantes sin ellas.
El 9 de mayo, los familiares de las víctimas de desaparición, los representantes de sus organizaciones y de la UAEM, se reunieron para tratar el tema con Arely Gómez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Luis Raúl González Pérez de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Jaime Rochín del Rincón de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En el encuentro las autoridades manifestaron su apoyo a las familias de las víctimas de desaparición, para garantizar la participación de sus peritos. Finalmente el 17 de mayo, en las instalaciones de la PGR se acordó que las fosas se abrirían con la participación conjunta de los peritos de la UAEM, de la propia PGR, de la División Científica de la Policía Federal y de la Fiscalía General del estado de Morelos, con la observación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como de familiares y organizaciones de víctimas de desaparición.
Del 23 de mayo al 3 de junio de 2016, se llevó a cabo el proceso de apertura de las fosas. En las cuales se encontraron 117 cuerpos enterrados como basura en dos fosas que no se encontraron localizadas con precisión en donde suponía la Fiscalía; entre los cuerpos se encontraron los de tres menores de edad. Se encontraron, además, nueve bolsas con 12 restos de otros cuerpos, de los cuales no existía registro alguno y a los que se les abrió carpeta de investigación. Todos los cuerpos exhumados corresponden a delitos cometidos entre 2010 y 2013. De los 117 cuerpos exhumados, 34 no tenían o no estaban vinculados a carpeta de investigación alguna, por lo que se les asignó un número de carpeta de investigación en esa diligencia. Lo que contradice contundentemente lo afirmado por las autoridades. Algunos cuerpos no tenían la necropsia de ley; otros más habían sido mutilados y/o presentaban huellas de malos tratos, inhumanos y degradantes. Otros presentaban heridas por proyectil de arma de fuego; otros de ellos, conservaban sus ropas y pertenencias personales que son fundamentales para su identificación y la persecución del delito y cuyas evidencias habían sido sepultadas junto con los cuerpos. Es importante mencionar también que se encontraron cuerpos identificados con nombre y apellidos, de los cuales se conocía su procedencia. La Fiscalía nunca ha informado qué acciones llevó a cabo para dar con el paradero de sus familias.
“Volverte a ver” (2021) de Carolina Corral
En algún desafortunado momento mediático frente a la magnitud de la tragedia, el tema de las fosas de Tetelcingo se convirtió en una pugna política entre el entonces rector de la Universidad del estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera y el gobernador en funciones, Graco Ramírez; mientras tanto, un grupo de activistas, familiares, expertos forenses y académicos exhumaban cuerpos e intentaban identificarlos. En “Volverte a ver” Carolina Corral, documentalista independiente, antropóloga de formación, devuelve la atención a los desaparecidos y a los familiares, específicamente a un grupo de mujeres (madres, hermanas, esposas) que volcaron la cotidianidad de su vida para buscar a sus seres queridos, desaparecidos por la violencia del país y enterrados clandestinamente por el Estado.
El documental acompaña a profesionistas, amas de casa y madres, que de manera abrupta se convirtieron en peritos forenses en la búsqueda de un familiar desaparecido. En el día a día de las excavaciones, este grupo de mujeres desentierra una verdad repulsiva y aterradora: que el horror es inconmensurable; y ponen en manifiesto ya no sólo la intervención y participación de funcionarios públicos en la desaparición de personas o en actos de corrupción, negligencia e impunidad frente a la salvaje oleada de crímenes y ejecuciones, sino a la absoluta insensibilidad de los actores que en posiciones de poder han permitido lo inimaginable y, que una vez confrontados con sus acciones, han decidido una vez más, voltear a otro lado.
Una de las cosas más abrumadoras de “Volverte a ver “radica en los niveles del lenguaje que se muestran; por un lado, tenemos a madres mexicanas que acceden a campos semánticos a los cuales ninguna madre debería acceder: necropsia, exhumación, cuerpos maniatados, tiro de gracia, tortura.Todas estas palabras remiten a una realidad concreta porque de manera profesional y continua descendieron a las fosas para desenterrar cuerpos, cadáveres que no fueron tratados con dignidad, que se escondieron y amontonaron sin proceso alguno. De manera contradictoria ellas desean en el fondo de sus corazones que los cuerpos que registran y devuelven a la superficie sean y no sean los de sus seres queridos. Al final lo único que buscan ya no es encontrarlos con vida, sino volverlos a ver, encontrar esa extraña y dolorosa certeza que un cuerpo puede ofrecer a una madre. La palabra hedor por ejemplo, se vuelve una parte de su lenguaje y experiencia cotidianos. “Como víctimas tenemos que convertirnos casi en licenciados, investigadores, en peritos”, dice una madre indignada y furiosa frente a la realidad del lenguaje. Porque por otro lado tenemos a políticos, funcionarios y fiscales, que nos revelan lo vacío que puede ser el lenguaje. Mientras ellos dicen “carpeta”, las madres dicen: “un hijo asesinado y enterrado clandestinamente por las mismas autoridades, con conocimiento y desidia”.
Destaca para ejemplificar lo anterior el momento en el cual las madres confrotan a la entonces diputada Hortencia Figueroa, quien anteriormente había fungido como presidente municipal de Jojutla, municipio en el cual se hallaron las fosas y la cual aparece en documentos oficiales, es decir, como un alcalde que supo en todo momento lo que se estaba haciendo en los predios de su jurisdicción. Una madre le dice: “esto va más allá de que [usted] diga mira mi cargo decía que hiciera tal cosas. Usted como presidente municipal tenía que haber estado aquí, viendo que estaban cubriendo estos seres humanos con los restos de otros seres humanos, revueltos con la tierra”. A lo que la diputada responde con una vacuidad absoluta de gesto y palabra diciendo que los diputados se comprometen con el trabajo legislativo para socializar los protocolos que deben seguirse; y revisar la necesidad de reformas que deben impulsar. Es decir, nada. No dice nada. Frente a ellas ofrece un hueco hondo de palabras. Frente a ellas es incapaz de pedir perdón o de sentir remordimiento, es incapaz de reconocer sus crímenes (de hecho o por omisión), es incapaz de acceder al lenguaje que se le ofrece con sufrimiento absoluto. Cuando se describe la bestialidad del olor de las fosas ella mira a otra parte. Y entonces otra madre le responde que no se trata de hacer reformas. Y una más le dice a ella y a todos los políticos responsables directamente por las fosas de Tetelcingo que: “nosotras estamos ya un poco vacunadas con la manera protocolaria que usan los funcionarios, los diputados, los senadores. No nos ofenda con esos discursos”. Y la invitan a bajar a la fosa con ellas, cosa que por supuesto, la diputada, rechaza. Ahí se sintetiza el presente de México: un grupo de la sociedad escarbando en la suciedad, uniéndose a través del dolor, haciendo frente a la violencia, devolviéndole la dignidad a los desaparecidos y a los muertos, entendiendo que las palabras remiten a realidades concretas; un país asolado por la violencia del narcotráfico; y por otro lado, la inexistencia de un Estado protector, humano y digno. Una ofensa mayúscula, un cinismo asolador, ahí sólo vemos un Estado criminal.
“Volverte a ver” inauguró en mayo el festival Ambulante “Rastros y luces; historias de la desaparición” y también formó parte de la selección oficial de largometrajes del Festival Internacional de Cine Documental de Querétaro 2021. El documental de Carolina Corral recibió dos nominaciones al Ariel en las categorías de Opera Prima y en Largometraje Documental.
También se puede consultar la página www.amatefilms.mx/volverteaver en la que están publicados los datos registrados por la asociación Regresando A Casa Morelos y las 18 postales que presentan las características con las que fueron encontrados algunos de los cuerpos encontradas en Jojutla para sin identificación.
[1] Información extraída del Informe sobre las fosas de Tetelcingo publicado por la Universidad Autónoma del estado de Morelos.